Funes| Declaran la emergencia económica

El intendente de Funes, Rolvider Santacroce, logró, aunque con algunas modificaciones, la sanción de un proyecto de ordenanza que envió al Concejo para declarar en estado de emergencia la prestación de servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del municipio y la situación económica y financiera del Estado local hasta fines de 2020.

Lo resuelto en el marco de una sesión extraordinaria otorga al gobierno municipal una serie de herramientas ante la crítica coyuntura y así poder avanzar en acciones superadoras de cara al futuro.

Con la ausencia de un sólo concejal, la iniciativa fue aprobada en forma unánime por los otros cinco ediles funenses que integran el organismo Legislativo local.

La emergencia autoriza al Ejecutivo municipal a instrumentar una serie de medidas, entre las que se hace especial hincapié en la prestación de los servicios públicos, lo que el mandatario local trazó como una de sus prioridades cuando asumió su cargo el pasado 10 de diciembre y se topó con un marcado déficit en tal sentido, por lo que desde el primer día puso el acento en mejorar la atención municipal a fin de satisfacer necesidades en diferentes zonas de la ciudad.

También se dio luz verde a la Intendencia para «reprogramar» contratos municipales y revisar la efectivización de personal durante el último año del gobierno saliente. No obstante, ese punto sufrió cambios respecto al texto original que planteaba la «suspensión de los pases a planta permanente que hubieran sido dictados en el período 1º de enero al 10 de diciembre de 2019».

Los ediles, evaluación mediante, consideraron que sólo queden sujetas a revisión para luego resolver en consecuencia.

Y respecto a la posibilidad de «renegociar contratos existentes», tal facultad quedó limitada a los que no estén comprendidos en la Ley 9286 de escalafones y contratos de Municipios y Comunas así como los alcanzados por la norma 9996, que regula la paritaria municipal. En tal sentido se aprobó otra ordenanza que habilita el marco para la aplicación de nuevas formas y condiciones.

El proyecto de emergencia económica que envió el intendente también preveía, aunque no prosperó, una «revisión» de la política salarial implementada por el municipio hasta que concluyó la gestión anterior.

En este caso los legisladores locales consideraron que se trata de un tema que trasciende lo estrictamente municipal, ya que se define en una órbita de nivel provincial a través de negociaciones paritarias.

Más tiempo

Por otra parte, el Ejecutivo municipal dispuso extender hasta el 15 de enero el plazo para poder acogerse a la moratoria destinada a la regularización de deudas por Tasa General de Inmuebles (TGI), cuyo vencimiento original estaba previsto que expire a fin de este mes.

La medida fue dispuesta ante la gran concurrencia de contribuyentes que en los últimos días se presentaron para en las oficinas habilitadas para acceder al beneficio.

La suma adeudada al municipio por ese concepto es de 293 millones de pesos, por lo que recuperarlo sería clave para aliviar las magras arcas municipales.

A ello se agrega otro volumen importante de dinero que buscará cobrar en materia de tributos atrasados por Derecho de Registro e Inspección así como por patentes. «Funes está atravesando un momento muy complejo. Estos días hemos logrado reactivar prácticamente todos los servicios con lo poco que teníamos, y confiamos que con la extensión de la moratoria que hemos determinado podremos saldar la gran deuda que nos aqueja», dijo Santacroce.

Y confió en que «los vecinos harán todo lo posible por ayudarnos», para luego asurar que «nosotros haremos nuestra parte, administrando los recursos eficientemente».