Restablecer la obra pública generaría más de 4 mil puestos de trabajo

La construcción podría generar 4.500 puestos de trabajos en la provincia si se reactivan obras paralizadas tras la cuarentena. Es una de las actividades sectoriales que el gobierno nacional evalúa habilitar parcialmente en el marco de una salida segmentada del aislamiento social obligatorio, en el marco de la pandemia.

Las delegaciones de Santa Fe y Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción plantean al Poder Ejecutivo santafesino un esquema que, según evalúan, permitiría reactivar a toda la cadena de valor del sector e impactar en la economía general por su efecto multiplicador. Lo harían con un acuerdo previo de protocolo único de condiciones sanitarias.

Las delegaciones provinciales de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) proponen una serie de iniciativas para colaborar con el gobierno provincial en la atención de la emergencia económica, que también atraviesa la sociedad santafesina, una vez superado el período de cuarentena.

Con la sola reactivación de las obras con contrato paralizadas -señalan- se podrían generar rápidamente más de 4.500 puestos de trabajo registrados en forma directa y otro tanto o más en forma indirecta. “Además del efecto multiplicador que tiene la puesta en marcha sobre toda la cadena de la construcción” (fábrica de materiales, comercios, talleres, profesionales, etc), evaluaron. Recordaron que algunas actividades de ferretería y corralón ya están exceptuadas por esenciales dentro del marco normativo del aislamiento obligatorio.

Los representantes de Camarco están convencidos que se puede establecer con el gobierno de Omar Perotti un proceso inmediato de reprogramación y reactivación de los contratos existentes que este de acuerdo a las posibilidades financieras del estado provincial.

El plan de reactivación analizado por las delegaciones de Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción contempla que el pago a cuenta de la deuda que tiene la provincia con las empresas -poco más de 3.000 millones de pesos- serviría para darle un desahogo financiero a las mismas y se destinaría al pago de jornales para recuperar los puestos de trabajo perdidos.

Desde las conducciones de ambas delegaciones estimaron que una decisión de este tipo, coordinada con las posibilidades financieras de la provincia y las empresas constructoras, puede ser el eje motor de la reactivación económica y del empleo en la provincia.

En la consideración empresaria, la puesta en marcha de estas obras permitiría aliviar la actual crisis -sin precedentes- en que encuentran el sector de la construcción de desfinanciamiento y quebranto económico que pone en riesgo la continuidad de muchas de las pymes y las fuentes de trabajos directas e indirectas que éstas generan.